Directivos de ocho ONG que operan en Nicaragua tendrán que comparecer a partir de este martes ante La Fiscalía de este país, con motivo de la investigación que lleva a cabo este organismo sobre el supuesto "uso político de las donaciones" recibidas. Líderes opositores califican la medida como una "cacería de brujas" del gobierno de Daniel Ortega contra entidades independientes.La denuncia se produce horas después de que la Policía allanara el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien en 1990 sucedió a Ortega, y del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM, feminista), a los que acusa de supuestos actos ilícitos con fondos externos.
En concreto, la fiscalía ha afirmado investigar el posible traspaso por parte de Cinco de fondos de la organización internacional Oxfam al Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), que por su estatus jurídico no puede recibir dinero.
Por mandato judicial, agentes de la Policía han requisado este fin de esemana en MAM y en CINCO, al menos ocho computadoras y otros materiales, argumentando que realizarán una investigación de los registros contables de ambos organismos.
La jueza María Concepción Ugarte ha citado a declarar a directivos de ocho ONG, entre las cuales figuran las europeas Oxfam Reino Unido y Forum Syd, así como de la Coordinadora Civil (CC), que agrupa a más de 200 organismos cívicos nicaragüenses, varios de cuyos líderes son opositores al gobierno.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha manifestado que las ONG "se creen intocables (...) Aquí todos estamos bajo la ley". Asimismo, ha manifestado que su Gobierno ha pedido cuentas a las más de 4.200 ONG que funcionan en el país y que sólo un mínimo porcentaje se había negado a cooperar con las autoridades. En este sentido, el representante de Oxfam Reino Unido, Charles Grisby, ha pedido a la fiscalía de plazo hasta este jueves para entregar la documentación requerida.
'Atropello a las libertades públicas'
Mario Quintana, dirigente de la CC, ha manifestado desconocer el motivo por el cual serán investigados, y ha cuestionado la legalidad de la medida, puesto que no se les ha señalado delito alguno. "El fondo del atropello a las organizaciones de la sociedad civil radica en callar a los organismos independientes, y que éstos no puedan emitir su opinión sobre la situación del país y dejen de defender sus derechos", ha advertido.
También esperan declarar la Red Nicaragüense de Comercio Comunitario, el Grupo Venancia (con sede en la norteña ciudad de Matagalpa) y la Red de Mujeres Municipalistas de Nicaragua, según el oficio de la jueza Ugarte.
Las acciones de la Fiscalía han sido criticadas por diputados opositores que las consideran "un atropello a las libertades públicas". "El fiscal general tiene que explicar las razones de estas arbitrariedades, porque es un contrasentido total que la Fiscalía arremeta contra la ciudadanía", ha dicho el legislador liberal Adolfo Martínez.
Para el diputado Oscar Sobalvarro, del Partido Resistencia Nicaragüense (derecha), "la Fiscalía se está convirtiendo en una fábrica de delitos, con el objetivo de silenciar a las voces independientes y a los medios de comunicación".
"Están atropellando la legalidad del país, con una acción que tiene todas las características de una persecución política", ha expresó la jurista Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que ha ofrecido su apoyo a las ONG amenazados.
http://www.iblnews.com/story.php?id=42099
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