Reportaje especial: Bolivia
Evo Morales recibe del gobierno de Caracas entre 25 y 35 millones de dólares anuales, de los que no da cuentas a nadie. Los recibe "de bolsillo a bolsillo", y los usa sin rendir informes. El propio Morales ha pedido que algunas donaciones o préstamos se los den en efectivo, en la mano, sin pasar por la aprobación del Congreso ni la burocracia del Tesoro Nacional. Cuestionado al respecto, declaró simplemente: "Será ilegal, pero yo le entro, nomás."
Por Rafael Menjívar Ochoa
redaccion@centroamerica21.com
Primera de dos partes
La Paz, Bolivia.-
Si se trata de una lucha, es una lucha silenciosa. Eso que llaman "el pueblo" no comenta en voz alta, y quizá tampoco en voz baja, lo que ocurre en Bolivia desde hace casi tres años: un presidente indígena, el primero, que ha cambiado las reglas del juego en el país, y -según dicen casi todos, y muchos temen- las ha cambiado de manera radical y definitiva.
Como en cualquier ciudad del mundo, los taxistas son los portavoces de lo que ocurre. "¿No se ha dado cuenta de lo tranquilas que están las calles últimamente", pregunta uno. Le respondo que soy extranjero, pero seguramente ya lo sabía. "No hay bloqueos", explica. "Así se puede trabajar mejor. Además, ¿a quién van a bloquear, pues?", añade con satisfacción.
Por todas partes, en las paredes más inesperadas, aparecen inscripciones en las que se repiten las mismas frases: "Gracias, Evo", "Con Evo, el cambio", cosas así. Algunas están evidentemente mandadas a hacer por el propio gobierno, agencias de publicidad mediante; otras están escritas con letras inseguras e irregulares, pero igual de grandes, y parecerían espontáneas; otras son de organizaciones cívicas, de agrupaciones sindicales o estudiantiles. Si uno pregunta, fueron mandadas a hacer todas por el gobierno, o fueron hechas por "el pueblo", según quien responda.
Porque, a pesar del relativo silencio político de la gente, la lucha está allí en todo momento y en todo su esplendor, y se resuelve de maneras diferentes que en otras partes, o en otras épocas en la misma Bolivia: apoyos o repudios por medio de referéndums -como el reciente que intentaba desplazar a Morales del poder, convocado por los departamentos del oriente del país-, algunas manifestaciones y, principalmente, la falta de manifestaciones.
Fueron las manifestaciones populares y multitudinarias, junto con algunas maniobras políticas en el Congreso -en una curiosa alianza entre los sindicalistas y la derecha-, las que terminaron con los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa Gisbert, para dar paso a elecciones anticipadas y al ascenso al poder de Evo Morales a principios de 2006.
El apoyo a Morales también está dividido geográficamente, o casi. En el oriente del país, en especial en Santa Cruz, cuenta con una ostensible minoría. La mayor parte de los movimientos sociales y políticos no sólo quieren la autonomía: lo quieren fuera a él, y así lo manifestaron en el reciente referéndum revocatorio. En el occidente -en las "tierras altas"- la situación está dividida, con una votación a favor de Morales que llega a rebasar el 70 por ciento.
En La Paz esa división es más ostensible y más localizada. En la propia ciudad, de un millón de habitantes, quienes pertenecen a las capas medias y acomodadas lo repudian -o al menos lo critican severamente- casi sin matices, mientras "los pobres", los que viven en las casas de ladrillo rústico que cuelgan de los cerros que rodean la ciudad, lo apoyan sin condiciones.
En El Alto -la ciudad paralela a La Paz que se ha formado en su periferia, como producto de las migraciones desde el campo y las minas, del desempleo y de las "relocalizaciones", que fueron en realidad despidos masivos de las grandes empresas estatales- todo es para Evo. A diferencia de la relativa parsimonia de La Paz, en El Alto todo es movimiento, automóviles, humo, comercio informal, pobreza visible. Ha llegado a tener tantos habitantes como La Paz en sólo algunos años, y sigue creciendo de manera constante y, para algunos, alarmantes.
El apoyo por ahora es incondicional, y se diría que irracional, pero parece tener fecha de caducidad. Esa fecha estaría marcada por la aprobación y entrada en vigencia de la nueva Constitución, que se espera para principios del próximo año, mediante un referéndum. Fue por eso que fuerzas que no necesariamente apoyan la autonomía de los departamentos se pusieron a favor del referéndum revocatorio que buscaba acabar con el gobierno de Morales, aunque de antemano era obvio que no lo lograría.
Según el ex presidente Jorge Quiroga (7 de agosto de 2001-6 de agosto de 2002), dirigente máximo del movimiento Podemos, que oficialmente perdió su registro legal y su representación en la Asamblea Constituyente, "nuestra misión y nuestro rol es evitar que un mal gobierno hunda al país los próximos 25 años a través de la aplicación de la receta chavista, que es poner en vigencia una Constitución que centraliza los recursos, destruye la economía, pulveriza las instituciones, conculca las libertades y establece un régimen perpetuo".
El apoyo de Podemos al referéndum, explica tras el fracaso de éste, fue una táctica dilatoria para evitar que la Constitución se apruebe, y que de ser necesario continuará en la misma línea: "Si para parar la Constitución tenemos que hacer ocho revocatorios, ocho vamos a hacer".
Las objeciones del también ex presidente Carlos Mesa tienen que ver con la centralización del poder en el Presidente de la República -según lo declara en una entrevista exclusiva con Centroamérica 21, publicado paralelamente a esta nota-, que acarrearía una desinstitucionalización de Bolivia y de muchos mecanismos de corte popular, pero también con una simple cuestión de derechos humanos.
Por ejemplo, señala, se rompe el principio de "un hombre, un voto" con la concesión de cuotas especiales de poder a los grupos indígenas, lo que lleva a una especie de racismo al revés. Según la nueva Constitución, además de la representación relativa en el Congreso, los diversos grupos indígenas recibirían una cuota adicional por representación proporcional, con lo que obtendrían una cuota mayor que quienes no pertenecen a ellos, los "blancos" o "mestizos".
Lo cierto es que, como lo señala Mesa, hay una vulneración constante de la legalidad. El propio referéndum revocatorio fue claramente ilegal, pues no hay en la Constitución vigente un mecanismo que prevea la destitución de prefectos o autoridades nacionales mediante la consulta popular, como sí lo existe en la carta magna que se encuentra en discusión. El referéndum, pues, se hizo a cuenta de una ley que aún no se ha aprobado, que simplemente no existe, y sólo tuvo un carácter político, con resultados que sus promotores calcularon mal: sirvió para que el presidente Morales ratificara su predominio, con entre un sesenta y un setenta por ciento de sufragios a su favor.
Otro de los mecanismos legales que se ha vulnerado es la entrada de dinero a las arcas de la Nación, que en realidad van a una cuenta que usa con carácter discrecional. Según Mesa, Morales recibe del gobierno de Caracas entre 25 y 35 millones de dólares anuales, a través de la embajada venezolana, de los que no da cuentas a nadie y no pasan por ningún tipo de control. Los recibe "de bolsillo a bolsillo", y los usa para lo que crea necesario, sin rendir informes.
El propio Morales ha pedido que algunas donaciones o préstamos se los den en efectivo, en la mano, sin pasar por la aprobación del Congreso ni la burocracia del Tesoro Nacional. Cuestionado al respecto, declaró simplemente: "Será ilegal, pero yo le entro, nomás."
La gente de a pie, por su parte, cifra sus esperanzas en la Constitución, y las objeciones a la creación de una legalidad como la que se plantea no les parecen importantes, mientras se apliquen los puntos que parecen fundamentales: las estatizaciones, mecanismos de apoyo a los trabajadores, reconocimiento -así sea excesivo- de los derechos indígenas y la continuidad del proyecto planteado por Morales. Tampoco el hecho de que se esté rompiendo constantemente la institucionalidad parece importar, ni que una buena parte del dinero que se recibe del exterior se maneje de manera discrecional.
Un dirigente sindical médico es claro cuando se le plantea que muchas de las medidas de Morales son ilegales. "Lo que está mal es la legalidad -dice-. Son las leyes de ‘ellos', son las instituciones creadas y controladas por ‘ellos', que los favorecen a ‘ellos'. Si lo que queremos es un cambio, hay que crear unas nuevas. Además, ¿no hacen ‘ellos' lo mismo? ¿No están rompiendo siempre la ley y pasando por encima de las instituciones? ¡Si para eso las crearon!" Algo parecido dice con respecto al dinero que recibe de Venezuela: "Los gringos hacen lo mismo, y ‘ellos' manejan el dinero de la misma manera. Lo que les molesta es que ahora ‘nosotros' lo hagamos."
Otro taxista hace una aclaración pertinente: "Pero ya va a ser hora de que Evo empiece a cumplir con lo que ha prometido, y ha prometido bastante. Si no, le vamos a exigir que cumpla. Y vamos a hacer que lo dejen cumplir." ¿Y si a pesar de todo no lo dejan?, le pregunto. "Eso también puede pasar, y hay de dos: o se consolida en el poder o tiene que irse. Pero si se va seguro quedará alguien de él, porque no se van a poder deshacer de él fácilmente. Si no les gusta porque es indígena, siempre habrá alguien que pueda sustituirlo, y que él siga mandando. Pero le vamos a exigir que cumpla."
La vigilancia es otra constante. Toda la gente de "el pueblo" parece saber dónde está Morales y qué está haciendo en cada momento del día, y él se encarga de que así sea. Por ejemplo, veníamos con la escritora Érika Bruzonic de El Alto hacia La Paz, y en la caseta de peaje de la carretera un policía nos hizo detenernos y hacernos a un lado del camino. Seis automóviles blindados y con vidrios polarizados pasaron rápidamente a nuestro lado. Un minuto después se nos permitió seguir camino. Hicimos alguna broma acerca de quién podía ir con tal comitiva, y el taxista -otro taxista- nos aclaró: "Es Evo. Hoy estuvo en Cochabamba y viene de regreso. Tenía que hablar con los petroleros."
Poco después busqué en la página de la presidencia boliviana en internet y, en efecto, Morales había dado un discurso en Cochabamba, en el cual dijo que no permitiría que los autonomistas del Chaco boliviano cerraran las válvulas de los gasoductos, como habían amenazado. Los autonomistas exigen que se les entregue a las regiones el llamado Impuesto Directo a los Hidrocarburos, y amenazaron con el cierre de las válvulas. Morales anunció que ha ordenado a la Fuerza Armada evitarlo con los medios a su alcance. Agrega la nota de la Presidencia:
"Frente a todas amenazas de lo que llamó ‘la derecha agonizante y enemiga del país', el Jefe de Estado convocó a los sectores sociales a controlar e identificar a quienes están detrás de estas acciones, ‘que no son reivindicaciones' y que buscan perjudicar al país y al pueblo boliviano."
Hay otro punto en el que todos en Bolivia parecen estar de acuerdo, y es la poca pericia de Morales para manejar el poder, el poco acierto de muchas de sus declaraciones y, a veces, de sus acciones. En el exterior se ve como parte del carácter negativo y hasta pernicioso de Morales; en Bolivia, como simple torpeza, aunque se le da valores diferentes. Para sus opositores, es el motivo de que tenga que salir del poder; para sus seguidores, todo es cuestión de tenerle paciencia. En todo caso es un nuevo modo de gobernar y de concebir el poder, que desconcierta a todos, y del que sólo en el futuro se sabrá las consecuencias.
Y el futuro llegará muy pronto.
http://centroamerica21.com/edicion73/pages.php?Id=365
Evo Morales recibe del gobierno de Caracas entre 25 y 35 millones de dólares anuales, de los que no da cuentas a nadie. Los recibe "de bolsillo a bolsillo", y los usa sin rendir informes. El propio Morales ha pedido que algunas donaciones o préstamos se los den en efectivo, en la mano, sin pasar por la aprobación del Congreso ni la burocracia del Tesoro Nacional. Cuestionado al respecto, declaró simplemente: "Será ilegal, pero yo le entro, nomás."
Por Rafael Menjívar Ochoa
redaccion@centroamerica21.com
Primera de dos partes
La Paz, Bolivia.-
Si se trata de una lucha, es una lucha silenciosa. Eso que llaman "el pueblo" no comenta en voz alta, y quizá tampoco en voz baja, lo que ocurre en Bolivia desde hace casi tres años: un presidente indígena, el primero, que ha cambiado las reglas del juego en el país, y -según dicen casi todos, y muchos temen- las ha cambiado de manera radical y definitiva.
Como en cualquier ciudad del mundo, los taxistas son los portavoces de lo que ocurre. "¿No se ha dado cuenta de lo tranquilas que están las calles últimamente", pregunta uno. Le respondo que soy extranjero, pero seguramente ya lo sabía. "No hay bloqueos", explica. "Así se puede trabajar mejor. Además, ¿a quién van a bloquear, pues?", añade con satisfacción.
Por todas partes, en las paredes más inesperadas, aparecen inscripciones en las que se repiten las mismas frases: "Gracias, Evo", "Con Evo, el cambio", cosas así. Algunas están evidentemente mandadas a hacer por el propio gobierno, agencias de publicidad mediante; otras están escritas con letras inseguras e irregulares, pero igual de grandes, y parecerían espontáneas; otras son de organizaciones cívicas, de agrupaciones sindicales o estudiantiles. Si uno pregunta, fueron mandadas a hacer todas por el gobierno, o fueron hechas por "el pueblo", según quien responda.
Porque, a pesar del relativo silencio político de la gente, la lucha está allí en todo momento y en todo su esplendor, y se resuelve de maneras diferentes que en otras partes, o en otras épocas en la misma Bolivia: apoyos o repudios por medio de referéndums -como el reciente que intentaba desplazar a Morales del poder, convocado por los departamentos del oriente del país-, algunas manifestaciones y, principalmente, la falta de manifestaciones.
Fueron las manifestaciones populares y multitudinarias, junto con algunas maniobras políticas en el Congreso -en una curiosa alianza entre los sindicalistas y la derecha-, las que terminaron con los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa Gisbert, para dar paso a elecciones anticipadas y al ascenso al poder de Evo Morales a principios de 2006.
El apoyo a Morales también está dividido geográficamente, o casi. En el oriente del país, en especial en Santa Cruz, cuenta con una ostensible minoría. La mayor parte de los movimientos sociales y políticos no sólo quieren la autonomía: lo quieren fuera a él, y así lo manifestaron en el reciente referéndum revocatorio. En el occidente -en las "tierras altas"- la situación está dividida, con una votación a favor de Morales que llega a rebasar el 70 por ciento.
En La Paz esa división es más ostensible y más localizada. En la propia ciudad, de un millón de habitantes, quienes pertenecen a las capas medias y acomodadas lo repudian -o al menos lo critican severamente- casi sin matices, mientras "los pobres", los que viven en las casas de ladrillo rústico que cuelgan de los cerros que rodean la ciudad, lo apoyan sin condiciones.
En El Alto -la ciudad paralela a La Paz que se ha formado en su periferia, como producto de las migraciones desde el campo y las minas, del desempleo y de las "relocalizaciones", que fueron en realidad despidos masivos de las grandes empresas estatales- todo es para Evo. A diferencia de la relativa parsimonia de La Paz, en El Alto todo es movimiento, automóviles, humo, comercio informal, pobreza visible. Ha llegado a tener tantos habitantes como La Paz en sólo algunos años, y sigue creciendo de manera constante y, para algunos, alarmantes.
El apoyo por ahora es incondicional, y se diría que irracional, pero parece tener fecha de caducidad. Esa fecha estaría marcada por la aprobación y entrada en vigencia de la nueva Constitución, que se espera para principios del próximo año, mediante un referéndum. Fue por eso que fuerzas que no necesariamente apoyan la autonomía de los departamentos se pusieron a favor del referéndum revocatorio que buscaba acabar con el gobierno de Morales, aunque de antemano era obvio que no lo lograría.
Según el ex presidente Jorge Quiroga (7 de agosto de 2001-6 de agosto de 2002), dirigente máximo del movimiento Podemos, que oficialmente perdió su registro legal y su representación en la Asamblea Constituyente, "nuestra misión y nuestro rol es evitar que un mal gobierno hunda al país los próximos 25 años a través de la aplicación de la receta chavista, que es poner en vigencia una Constitución que centraliza los recursos, destruye la economía, pulveriza las instituciones, conculca las libertades y establece un régimen perpetuo".
El apoyo de Podemos al referéndum, explica tras el fracaso de éste, fue una táctica dilatoria para evitar que la Constitución se apruebe, y que de ser necesario continuará en la misma línea: "Si para parar la Constitución tenemos que hacer ocho revocatorios, ocho vamos a hacer".
Las objeciones del también ex presidente Carlos Mesa tienen que ver con la centralización del poder en el Presidente de la República -según lo declara en una entrevista exclusiva con Centroamérica 21, publicado paralelamente a esta nota-, que acarrearía una desinstitucionalización de Bolivia y de muchos mecanismos de corte popular, pero también con una simple cuestión de derechos humanos.
Por ejemplo, señala, se rompe el principio de "un hombre, un voto" con la concesión de cuotas especiales de poder a los grupos indígenas, lo que lleva a una especie de racismo al revés. Según la nueva Constitución, además de la representación relativa en el Congreso, los diversos grupos indígenas recibirían una cuota adicional por representación proporcional, con lo que obtendrían una cuota mayor que quienes no pertenecen a ellos, los "blancos" o "mestizos".
Lo cierto es que, como lo señala Mesa, hay una vulneración constante de la legalidad. El propio referéndum revocatorio fue claramente ilegal, pues no hay en la Constitución vigente un mecanismo que prevea la destitución de prefectos o autoridades nacionales mediante la consulta popular, como sí lo existe en la carta magna que se encuentra en discusión. El referéndum, pues, se hizo a cuenta de una ley que aún no se ha aprobado, que simplemente no existe, y sólo tuvo un carácter político, con resultados que sus promotores calcularon mal: sirvió para que el presidente Morales ratificara su predominio, con entre un sesenta y un setenta por ciento de sufragios a su favor.Otro de los mecanismos legales que se ha vulnerado es la entrada de dinero a las arcas de la Nación, que en realidad van a una cuenta que usa con carácter discrecional. Según Mesa, Morales recibe del gobierno de Caracas entre 25 y 35 millones de dólares anuales, a través de la embajada venezolana, de los que no da cuentas a nadie y no pasan por ningún tipo de control. Los recibe "de bolsillo a bolsillo", y los usa para lo que crea necesario, sin rendir informes.
El propio Morales ha pedido que algunas donaciones o préstamos se los den en efectivo, en la mano, sin pasar por la aprobación del Congreso ni la burocracia del Tesoro Nacional. Cuestionado al respecto, declaró simplemente: "Será ilegal, pero yo le entro, nomás."
La gente de a pie, por su parte, cifra sus esperanzas en la Constitución, y las objeciones a la creación de una legalidad como la que se plantea no les parecen importantes, mientras se apliquen los puntos que parecen fundamentales: las estatizaciones, mecanismos de apoyo a los trabajadores, reconocimiento -así sea excesivo- de los derechos indígenas y la continuidad del proyecto planteado por Morales. Tampoco el hecho de que se esté rompiendo constantemente la institucionalidad parece importar, ni que una buena parte del dinero que se recibe del exterior se maneje de manera discrecional.
Un dirigente sindical médico es claro cuando se le plantea que muchas de las medidas de Morales son ilegales. "Lo que está mal es la legalidad -dice-. Son las leyes de ‘ellos', son las instituciones creadas y controladas por ‘ellos', que los favorecen a ‘ellos'. Si lo que queremos es un cambio, hay que crear unas nuevas. Además, ¿no hacen ‘ellos' lo mismo? ¿No están rompiendo siempre la ley y pasando por encima de las instituciones? ¡Si para eso las crearon!" Algo parecido dice con respecto al dinero que recibe de Venezuela: "Los gringos hacen lo mismo, y ‘ellos' manejan el dinero de la misma manera. Lo que les molesta es que ahora ‘nosotros' lo hagamos."
Otro taxista hace una aclaración pertinente: "Pero ya va a ser hora de que Evo empiece a cumplir con lo que ha prometido, y ha prometido bastante. Si no, le vamos a exigir que cumpla. Y vamos a hacer que lo dejen cumplir." ¿Y si a pesar de todo no lo dejan?, le pregunto. "Eso también puede pasar, y hay de dos: o se consolida en el poder o tiene que irse. Pero si se va seguro quedará alguien de él, porque no se van a poder deshacer de él fácilmente. Si no les gusta porque es indígena, siempre habrá alguien que pueda sustituirlo, y que él siga mandando. Pero le vamos a exigir que cumpla."
La vigilancia es otra constante. Toda la gente de "el pueblo" parece saber dónde está Morales y qué está haciendo en cada momento del día, y él se encarga de que así sea. Por ejemplo, veníamos con la escritora Érika Bruzonic de El Alto hacia La Paz, y en la caseta de peaje de la carretera un policía nos hizo detenernos y hacernos a un lado del camino. Seis automóviles blindados y con vidrios polarizados pasaron rápidamente a nuestro lado. Un minuto después se nos permitió seguir camino. Hicimos alguna broma acerca de quién podía ir con tal comitiva, y el taxista -otro taxista- nos aclaró: "Es Evo. Hoy estuvo en Cochabamba y viene de regreso. Tenía que hablar con los petroleros."
Poco después busqué en la página de la presidencia boliviana en internet y, en efecto, Morales había dado un discurso en Cochabamba, en el cual dijo que no permitiría que los autonomistas del Chaco boliviano cerraran las válvulas de los gasoductos, como habían amenazado. Los autonomistas exigen que se les entregue a las regiones el llamado Impuesto Directo a los Hidrocarburos, y amenazaron con el cierre de las válvulas. Morales anunció que ha ordenado a la Fuerza Armada evitarlo con los medios a su alcance. Agrega la nota de la Presidencia:
"Frente a todas amenazas de lo que llamó ‘la derecha agonizante y enemiga del país', el Jefe de Estado convocó a los sectores sociales a controlar e identificar a quienes están detrás de estas acciones, ‘que no son reivindicaciones' y que buscan perjudicar al país y al pueblo boliviano."
Hay otro punto en el que todos en Bolivia parecen estar de acuerdo, y es la poca pericia de Morales para manejar el poder, el poco acierto de muchas de sus declaraciones y, a veces, de sus acciones. En el exterior se ve como parte del carácter negativo y hasta pernicioso de Morales; en Bolivia, como simple torpeza, aunque se le da valores diferentes. Para sus opositores, es el motivo de que tenga que salir del poder; para sus seguidores, todo es cuestión de tenerle paciencia. En todo caso es un nuevo modo de gobernar y de concebir el poder, que desconcierta a todos, y del que sólo en el futuro se sabrá las consecuencias.
Y el futuro llegará muy pronto.
http://centroamerica21.com/edicion73/pages.php?Id=365
No hay comentarios:
Publicar un comentario