LA PAZ (AFP) — El fracaso del diálogo entre el presidente Evo Morales y cuatro prefectos rebeldes traslada al Congreso la crisis política boliviana, en medio de un clima de intimidación de movimientos sociales que quieren que la Constitución oficialista se apruebe a toda costa.El presidente y los cuatro prefectos rebeldes cerraron el domingo cuatro semanas de conversaciones, en un vano intento de zanjar una crisis política que tuvo su punto más álgido en septiembre cuando disturbios en cinco de los nueve departamentos bolivianos dejaron 19 muertos.
Roto el diálogo con las autoridades regionales, el Ejecutivo dirige ahora su estrategia hacia el Parlamento en busca de que esa institución apruebe un referendo -que el gobierno busca con urgencia- para ratificar una Constitución aprobada sin consenso ni debate en diciembre pasado, razón por la cual la oposición la considera ilegítima.
El debate ahora "se traslada al escenario congresal", afirmó el domingo el ministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Romero, uno de los encargados por el poder Ejecutivo para negociar con los prefectos Rubén Costas (Santa Cruz), Mario Cossío (Tarija), Savina Cuéllar (Chuquisaca) y Ernesto Suárez (Beni).
Los gobernadores dejaron claro que el proyecto de Constitución demanda consensos con la oposición, pero el gobierno insiste en que no hay discusión, en particular sobre el punto de la reelección presidencial, que permitiría a Morales permanecer en el poder hasta 2019.
Tras el revés de las negociaciones, el oficialismo se ha fijado tres metas: la aprobación de la ley de convocatoria a referendo este mes, la realización de dicho referendo (probablemente en febrero) y el llamamiento anticipado de elecciones generales en julio de 2009.
La ley para el llamado a referendo debe efectuarse en el Congreso bicameral, donde el oficialismo controla la Cámara de Diputados (de 130 escaños), mientras que la oposición tiene el mando del Senado (de 27 bancas). Esa norma debe ser aprobada Cámara por Cámara.
Para despejar las trabas políticas que los opositores ya anunciaron que ejercerán, los movimientos sociales amenazan con movilizarse contra el Parlamento. Según dijeron dirigentes, el asedio al Congreso comenzará con una marcha el próximo lunes desde Caracollo, una comarca andina a 200 km al sur de La Paz, para concluir una semana después en la plaza de Armas, sede del primer poder del Estado boliviano. "Estarán unos 3.000 mineros cooperativistas, además de campesinos, indígenas y gremiales (vendedores al menudeo)", dijo el poderoso líder sindical y dirigente del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), Fidel Surco.
Anticipándose a lo que sería un nuevo escenario de violencia, el presidente del Senado, el opositor Óscar Ortiz, anunció que se denunciará ante la OEA "este nuevo intento de amedrentamiento" y acotó que el presidente Morales tiene dos vías a escoger: "concertar o dividir más a los bolivianos".
Tras el referendo -que el Gobierno da por descontado que se realizará y que además lo ganará-, el oficialismo pretende llamar a nuevas elecciones generales para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo en junio, 18 meses antes de que concluya el período constitucional de cinco años que comenzó en enero de 2006. "Aprobada de aquí a tres, máximo cuatro meses esta nueva Constitución Política del Estado boliviano ¿qué viene? vienen de manera inmediata las elecciones nacionales", afirmó el sábado Morales.
Para la oposición, detrás de la nueva ley fundamental "la verdadera intención de Morales es perpetuarse en el poder", según el diputado opositor, Antonio Franco.
Ximena Costa, una analista política, pronosticó que se vienen nuevos escenarios de violencia, pues recordó que el propio Morales adelantó que la Carta Magna se aprobará "por las buenas o por las malas".
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