La Sala III de la Corte Superior de Distrito de La Paz declaró hoy improcedente el pedido de libertad del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien continúa detenido en la Academia de Policía en su calidad de confinado.
El caso fue remitido al juez cautelar V en lo Penal, William Dávila, quien en horas más determinará si el prefecto se defiende en libertad o privado de la misma, informó la abogada de los familiares de los muertos en Pando, Mary Carrasco.
En el día de hoy, el representante del Ministerio Público acusó a Fernández por "homicidio".
En criterio del gobierno, las víctimas de la masacre del 11 de septiembre en las poblaciones de Porvenir y Filadelfia fueron asesinadas de manera premeditada y con alevosía.
Por ese motivo, responsabilizó al prefecto Fernández de ser el presunto organizador del grupo de sicarios que dispararon contra los campesinos, incluso cuando éstos cruzaban nadando el río Tahuamanu para escapar.
Esta calificación encuadra también en la figura del "genocidio", que fue la calificación utilizada por el presidente Evo Morales al denunciar la "masacre".
Sin embargo, fuentes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), señalaron previamente que el gobierno estudiaba acusar a Fernández de delitos comunes, para facilitar su enjuiciamiento.
La audiencia de medidas cautelares debía llevarse a cabo en la víspera, pero debido a una recusación presentada por la defensa del Prefecto de Pando en contra de la juez cuarto de Instrucción en lo Penal, Margot Pérez, se suspendió para hoy.
En tanto, en el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal, ubicado en el cuarto piso del Palacio de Justicia, se produjo un altercado entre los abogados del Prefecto de Pando y los familiares de los tres estudiantes normalistas asesinados en Porvenir.
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